A Coruña fala galego

Pois si. A cidade galega con máis persoas galegofalantes (en termos absolutos, porcentualmente Lugo, Ourense e Compostela melloran os seus números) xa ten aprobado inicialmente unha normativa municipal de seu a prol do galego, na vía de amañarmos a desfeita galegófoba de Paco Vázquez.
O xeito coruñés de facer as cousas, desta volta, semella ben acaído porque non houbo ningún partido á contra. Votaron a prol 17 das 27 persoas concelleiras (PSdeG, BNG, Marea Atlántica e as dúas non adscritas) e abstivéronse os 10 representantes do PP.
Os representantes do pobo da Coruña, ben abeirados nun moi potente informe xurídico da UDC, asinado polos profesores Carlos Aymerich e Carlos Amoedo (Dereito Administrativo) e Francisco Caamaño (Dereito Constitucional), desbotaban a limitada tendenciosidade manifestada nas sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG, 2016) e do Tribunal Supremo (TS, 2019) que anularon algúns artigos da Ordenanza municipal de uso do galego do concello lugués de 2012, que agora recupera substancialmente a normativa coruñesa
Deste xeito, o galego, como lingua propia e oficial do noso País, será a lingua de uso normal e preferente na administración, sinaléctica, comunicación e publicidade do concello coruñés e de todas as súa axencias, fundacións e empresas públicas. Tamén das súas empresas privadas concesionarias de servizos públicos e contratistas, malia que sexan árabes ou chinesas de orixe. O galego será a lingua normal de uso coa cidadanía, de non ser que esta, no seu lexítimo dereito, opte polo uso do castelán nas notificacións no seu concreto asunto. Por suposto, tendo en conta a vocación turística da Coruña, usarase na publicidade cando cumpra, a outra lingua cooficial -o castelán- canda outras non oficiais, como o inglés.
O mérito xurídico desta normativa é acadar unha interpretación constitucional-estatutaria conforme coa nova normativa, como esixe a acaída interpretación constitucional. E o mérito político é un amplísimo pacto político que só deixa fóra aos extremistas que refugan os nosos dereitos lingüísticos, culturais, políticos e económicos. Para máis, amosando posíbel unha resposta do PSdeG que rexeita a cativa herdanza de Paco Vázquez e apártase da frivolidade cosmopailanista do alcalde vigués Abel Caballero, sendo quen de consensuar co BNG uns parámetros estábeis que definen a praxe posíbel lingüística e cultural do concello coruñés para os vindeiros 15-20 anos.
Agora cómpre levar este pulo á sociedade civil, empresa, deporte e cultura coruñesas para reconciliar de vez a cidade da Coruña (refundada no 1208 polo mellor rei da Galicia, Afonso VIII) coa lingua propia do País do que sempre quixo ser garda, chave e forza.

El 155 sigue por vía judicial

El Estado de las Autonomías español se diferencia radicalmente de los Estados federales, entre otras cuestiones importantes, en que tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial son puramente estatales, sin participación autonómica, limitada al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. La justicia española ha marcado el principio, desarrollo y fin de la legislatura catalana que ahora termina, convirtiendo en irrelevante la autonomía política de la Generalitat. Se está, por tanto, aún más lejos de la solución a la convivencia que el 21-D de 2017. Así, pues, en el Estado español, contrariamente a lo que sucede en sistemas federales como EE UU, la República Federal alemana o Suiza, el Poder Judicial es íntegramente estatal. No existe un Poder Judicial en la arquitectura institucional de la Generalitat, limitada al Poder Ejecutivo del Govern y al Poder Legislativo del Parlament.
La Constitución diseñó (sólo para Catalunya Euskadi y Galicia, en un primer momento, si bien el café para todos generalizó el modelo) los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) culmina la organización judicial en el territorio de Catalunya, pero es un órgano judicial español, no catalán. El TSJC está sujeto, además, a la jurisdicción del Tribunal Supremo (TS), que ser reserva el derecho de admitir cuando le parece un recurso de casación para unificar la aplicación del Derecho Mercantil, Laboral y Penal (únicos para todo el Estado) y del Derecho Civil y Administrativo estatales y sólo carece de superior jerárquico cuando unifica la aplicación del Derecho Civil y Administrativo catalán. Responde la organización judicial al principio constitucional de que los asuntos judiciales iniciados en Catalunya acaban en Catalunya, sin perjuicio de la jurisdicción del TS.
Pero sucede que el TS no sólo interviene por vía casacional (insisto, nunca en beneficio de los justiciables, sino siempre que le interesa para unificar la aplicación del Derecho, exactamente igual que hace el Tribunal Constitucional (TC) para la admisión a trámite de los recursos de amparo constitucional), sino como órgano judicial de primera instancia para los asuntos que considera conveniente, como hizo ilegalmente al avocar para si la competencia del juicio del procès, en una actuación que los Tribunales de primera instancia y apelación belgas consideraron arbitraria, al rechazar la euroorden que tenía por objeto el arresto y puesta a disposición del TS español del conseller Lluis Puig.
En 48 horas el TSJC ha acordado en dos interlocutorias, resolviendo medidas cauterísimas y cautelares, la suspensión de la efectividad del aplazamiento de las elecciones convocadas para el 14-F en su día por el Consell Executiu de la Generalitat, por lo que siguen convocadas las mismas para dicha fecha, cuando todos los pronósticos epidemiológicos y basados en modelos matemáticos anuncian el máximo de saturación de UCIs y muertes de la tercera ola de la pandemia. Aunque no se ha resuelto el pleito con carácter definitivo (la sentencia no se conocerá hasta el 8-F, aproximadamente, la misma semana de las elecciones), lo cierto es que el proceso electoral continúa a todos los efectos: presentación y proclamación de candidaturas, incluyendo la dimisión como ministro de Sanidad de Salvador Illa, organización de las campañas electorales y desarrollo de las mismas… En realidad resulta difícil imaginar una sentencia desestimatoria del recurso a sólo seis días de las elecciones, pero la Administración de Justicia ya nos tiene acostumbrados a este tipo de decisiones extemporáneas (recordemos la sentencia del TC declarando la inconstitucionalidad sustancial del Estatut de 2006 en junio de 2010, cuatro años después de su aprobación plebiscitaria por la ciudadanía catalana). En cualquier caso, no parece muy probable.
El Decreto de suspensión ahora suspendido en cuanto a su eficacia, y que previsiblemente será anulado el 8-F, se fundamenta en las previsiones epidemiológicas de la Autoridad Sanitaria de Catalunya, constituída por el propio Departament de Salut, que ha dictado disposiciones sumamente restrictivas cuya extensión temporal alcanzarán fechas próximas al 14-F o incluso lo rebasarán. Por otra parte, se basa en el informe 214/2020, de 17 de septiembre, de la Comisiò Jurídica Assesora de la Generalitat, que constató: i) en la Ley electoral estatal, lo mismo que en los Derechos electorales particulares de Euskadi y Galicia, no existe la previsión de suspensión electoral por razones de pandemia, ii) procede suspender las elecciones catalanas en el supuesto de que la situación pandémica amenace los derechos fundamentales a la vida e integridad física y a la participación política, lo que sucederá cuando las restricciones imposibiliten o dificulten no sólo el derecho de voto (en general de modo grave y muy singularmente de los ciudadanos residentes en el exterior), sino la propia formación de la voluntad política, y iii) corresponde al President de la Generalitat la aprobación del Decreto de suspensión, previa audiencia del Consell Executiu y de los partidos políticos y previa comunicación a la Diputaciò Permanent.
Los opinadores madrileños del “a por ellos” y de la lawfare han llamado la atención sobre las diferencias entre el caso catalán y la suspensión de las elecciones gallega y vasca, previstas para abril de 2020 y finalmente celebradas el pasado 12 de julio. Se ha hablado de la inexistencia de una ley electoral propia de Catalunya y, por tanto, de la ausencia de una Junta Electoral propia. Ya hemos visto que nada hay en las leyes electorales gallega y vasca que faculte especialmente la suspensión de unas elecciones ya convocadas. Es cierto que la Xunta Electoral de Galicia consideró proporcionada y adecuada la suspensión electoral finalmente decidida por la Xunta (con el consenso de todos los partidos parlamentarios) en marzo pasado, emitiendo un informe previo que insistía en el máximo consenso de las fuerzas políticas para la legitimidad de una decisión sin base legal clara. Pero también es verdad que las decisiones (no así los informes, como en este caso) de la Xunta Electoral de Galicia son recurribles ante la Junta Electoral Central y que fue ésta, en vía de recurso, la que impuso a los medios públicos de radiotelevisión (Corporación RTVG) la presencia de cuota en espacios electorales de las nacionales gallegas de Vox y Cs como fuerzas “significativas” a pesar de sumar cero diputados antes del 12-J y después del 12-J. Decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), actuando funcionalmente como un mero Tribunal español, que es lo que es orgánicamente, por otra parte.
Las diferencias entre el caso gallego y vasco, por una parte y el catalán, por otra son bien claras: mientras el lehendakari Urkullu y el presidente Núñez Feijóo decidieron el principio y fin de sus legislaturas en 2016 y 2020, la legislatura recientemente agotada del Parlament catalán se inició con las elecciones del 21-D de 2017, convocadas ilegítima y ilegalmente por el Gobierno del Estado en ejecución del 155. Continuó con las inmisiones de la Sala de lo Penal del TS para imposibilitar la investidura del president Puigdemont y de Jordi Turull y acabó con la ilegal y arbitraria inhabilitación del president Torra por un inexistente delito de desobediencia a un órgano manifiestamente incompetente para disponer la retirada de un símbolo identificado con la defensa de las libertades y no con opciones partidistas electorales.
Estamos, pues, ante el gobierno de los jueces. Es muy probable que en los Juzgados y Audiencias catalanas ejerzan jueces y juezas justos que no respondan a la clave españolista y parcial del TS. Pero el TSJC y el conjunto de la justicia en Catalunya, en Galicia o en Euskadi constituyen un Poder Judicial estatal y, como tal, refractario a un autogobierno completo y coherente, cuanto más al ejercicio de un régimen de soberanía o cosoberanía catalana.
¿Qué pasará el 8-F si la salvaguardia del derecho fundamental a la vida e integridad física es sustancialmente incompatible con el ejercicio del derecho fundamental al voto? ¿Se forzaría una sentencia desestimatoria ahora no prevista? ¿Se abocaría a la ciudadanía a la abstención masiva?
Las Instituciones españolas (Gobierno del Estado, Senado y Poder Judicial) han marcado el principio, desarrollo y fin de esta legislatura. Catalunya (como Euskadi y Galicia) está subordinada a la justicia española. El 155 sigue por vía judicial.

Un veredicto que non implica por forza a prisión permanente revisábel

O xurado popular vén de declarar culpábel ao Abuín Gey dos delictos de detención ilegal, asasinato e agresión sexual indeterminada a Diana Quer. Ao tempo, considera non probada a violación e admite a confesión polo reo da morte causada e a súa colaboración coa policía relevante, mais non absolutamente determinante, para achar o corpo da vítima.
Ao abeiro deste veredicto, o Maxistrado-Presidente só podería condenar á prisión permanente revisábel (PPR), pois o artigo 140 do Código Penal dispón a aplicación automática desta pena cando o reo por asasinato cometese sobre a vítima con anterioridade un delicto contra a liberdade sexual. Non se require que sexa violación (=acceso vía vaxinal, anal ou bucal). Pode ser calquera outra agresión ou abuso.
Así e todo, a defensa do reo poderá explorar futuras vías de apelación perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por mor de eventuais feblezas do veredicto, nomeadamente na determinación acreditada deses actos de contido sexual non acreditados.
O xurado popular recoñece a base de feito precisa para considerar presente na conduta do Abuín Gey unha atenuante de confesión relevante, mais non determinante. Poderá, pois, cualificarse como atenuante, quer simple, quer moi cualificada. Se o Presidente coida que esa relevancia cualifica nomeadamente esa atenuante poderá rebaixar a pena de PPR á inferior en grao (de 20 a 30 anos, máis ben entre 20 e 25 diante da ausencia doutras agravantes).
Mais se o Maxistrado-Presidente considera que a atenuante é simple non poderá evitar a condena á PPR. Mais si poderá suspender a sentenza cuestionándolle ao Tribunal Constitucional -TC- (como pode e debe facer todo xuíz que considere que unha lei directamente aplicábel a un caso é de dubidosa constitucionalidade) se é compatíbel neste caso cos principios constitucionais de legalidade, humanidade, proporcionalidade, determinación, rehabilitación e reinserción das penas unha sentenza que non poida moderar en nada unha pena de PPR malia existir unha circunstancia atenuante baseada nunha confesión-colaboración relevante. Nese caso o TC habería acumular esta cuestión da Audiencia compostelá co recurso de inconstitucionalidade de 2015 do PSOE, CiU, PNV e BNG.
Xa que logo, o aparente automatismo que determinaría imposición da PPR non é tal. A derradeira páxina da sentenza aínda está por escreber, sen prexuízo do que no futuro dirán o TSXG en apelación, o TS en casación ou o TC en amparo.

Xustiza demorada, xustiza rexeitada

O novo presidente da Audiencia d’A Coruña, Ignacio Picatoste, vén de recoñecer unha punxente realidade: a inmensa maioría dos órganos xurisdicionais galegos están ultrapasados de traballo. Malia o esforzo da meirande parte da maxistratura, funcionariado, malia a colaboración da avogacía e da procura, non se dá feito. Unha moi complexa situación, aínda agravada pola longa -e moi xustificada- folga dos funcionarios xudiciais de xestión, tramitación e apoio do primeiro semestre de 2018.
A situación é aínda máis grave no que atinxe aos colectivos de xusticiábeis máis precisados de protección. Velaí as reclamacións salariais dos traballadores, que adoitan demorarse máis de dous anos, as demandas de nulidade de cláusulas bancarias abusivas, que se están a sinalar nalgúns dos xulgados funcionalmente especializados cun ano de atraso sobre o que dispón a Lei procesual, os procedementos contencioso-administrativos que atinxen máis aos dereitos da cidadanía (expropiacións, contratación administrativa…), nomeadamente demorados no TSXG e nos Xulgados do Contencioso composteláns. A falla de medios dos Xulgados do Mercantil demora o tramitamento dos concursos de acredores e máis a tutela dos socios minoritarios ou dos que reclaman dos antigos administradores débedas de sociedades insolventes. Mentres, os Xulgados de Familia non son quen a tramitar en tempo urxentes execucións ou modificacións de medidas, os Xulgados de Instrución non teñen medios axeitados para investigar as corrupcións públicas e privadas e máis a delincuencia de colo branco, e os Xulgados de violencia contra a muller non dan feito coas necesidades obxectivas de protección das vítimas do crime machista.
Sofrimos esta situación malia o esforzo dos profesionais todos, como xa adoita ocorrer na sanidade pública galega e nalgúns níveis do noso ensino público. Porque sen ese esforzo o cadro sería de colapso total. Que chegará, sen dúbida, se non lle pomos solucións.
Ao PP e PSOE, que fixaron as prioridades orzamentarias dende a Transición, nunca lles interesou a Administración de Xustiza. Porque non interesa que a cidadanía controle a legalidade da actuación das Administracións ou que os consumidores reclamen os seus dereitos fronte á Banca ou que as pemes e autónomos reclamen esa grande morosidade de 60.000 M€ que a grande empresa do IBEX35 mantén con eles. O que si interesou foi a recentralización xudicial penal, laboral e contenciosa a prol dunha “Audiencia Nacional” próxima ao Poder Executivo estatal e á que se lle dotou dos medios negados aos Xulgados e Tribunais galegos.
Engádanlle vostedes a este cóctel un número de xuízas e xuíces moi baixo (12 /100.000 habitantes fronte aos 21/100.000 da media europea) e os dez anos e medio de retalladas de Feijóo e Rueda e chegamos á situación de hoxe en día. A dunha xustiza demorada que, cada volta máis, constitúe unha xustiza rexeitada.

¿Cambia el Estado de reglas a mitad de partido, en función de sus objetivos políticos?

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han aplicado a veces el derecho penal saltándose las garantías procesales y forzando la interpretación de las conductas delictivas para garantizar un castigo más amplio y potente. Da la casualidad que los delitos perseguidos siempre se refieren a hipotéticos ataques a la soberanía del Estado. El enjuiciamiento de estas conductas se centraliza, como si se creyese que los jueces con ejercicio en Galicia, Nafarroa, Catalunya o Euskadi no fuesen capaces de según que cometidos.
El 4 de enero de 1977 la Audiencia Nacional (AN) sucedía al Tribunal de Orden Público franquista sin solución de continuidad, centralizando el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo. Una jurisdicción especial que vulnera el principio de ser juzgados por el juez ordinario predeterminado por la Ley.
En 1990 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) revocaba la previa sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y condenaba por prevaricación al líder del partido nacionalista Coalición Galega (CG) y antiguo vicepresidente de la Xunta con el gobierno tripartito PSdeG/CG/PNG-PG entre 1987 y 1988. Esta sentencia no podría ser hoy dictada, ya que el Tribunal Constitucional (TC) proscribió en septiembre de 2002 que el Tribunal de apelación pudiese valorar para condenar la misma prueba ya valorada por el tribunal de instancia con resultado absolutorio. Pero entonces así se hizo.
En octubre de 2001 la Cámara de Representantes y el Senado de EE UU aprobaron la Patriot Act, adoptando en caliente esta decisión argumentándola en las miles de víctimas sufridas en New York el 11-S. Dicha ley, confirmada sustancialmente como legislación permanente en 2006, dispuso que el Poder Ejecutivo podría retener indefinidamente a los combatientes enemigos como poder inherente a la dirección de la guerra.
El TS revocó hasta dos veces sendas sentencias absolutorias del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi y condenó en 2008 por un delito de desobediencia al Presidente del Parlamento Vasco, Juan Mari Atutxa y a los miembros de la Mesa Kontxi Bilbao y Gorka Knorr por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, heredero de Batasuna. La sentencia había sido sólo recurrida por la acusación popular del sindicato fantasma y parafascista Manos Limpias, por lo que el TS hubo de sustituir su “doctrina Botín” (que prohibía la condena cuando no mantenía la acusación ni el Ministerio Fiscal ni ninguna acusación particular, es decir, cuando sólo la mantenía la acusación popular) por la “doctrina Airbag”, que en castellano usual se traduce como “igual que te digo una cosa te digo la otra”. Doctrina también denominada por otros Animal Farm, ya que demuestra orwellianamente que Emilio Botín era más igual que Juan Mari Atutxa, Kontxi Bilbao y Gorka Knorr. Dicha doctrina fue acríticamente confirmada por el TC, pero cayó en Strasbourg. En 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó al Estado español por la vulneración sufrida por estas tres personas en su derecho a un juicio justo. Pero el mal ya estaba hecho. Como decimos los gallegos “Deus nos libre dun xa foi”.
En 2006 el TS inaplicó la universal doctrina que prohibe la aplicación retroactiva de las leyes (también las reglas de ejecución de las penas) y definió la doctrina Parot con carácter retroactivo. De este modo, los beneficios penitenciarios de redención de las penas por el trabajo, previstos en el Código Penal de 1973 y retirados del de 1995, se aplicarían no sobre el tiempo máximo de condena (30 años en dicho CP 1973) sino sobre el total de las penas impuestas (a veces de cientos de años, en caso de terroristas con varios delitos). El Tribunal Constitucional validó esta teoría en 2008. Una vez más, una sentencia del TEDH, de octubre de 2013, determinó la imposibilidad de aplicar este nuevo cómputo con carácter retroactivo, por lo que en los meses siguientes 72 presos hubieron de ser liberados, muchos habiendo visto arbitrariamente incrementado su tiempo efectivo de cumplimiento.
En junio de 2013 la AN juzgó por terrorismo a varios ciudadanos gallegos. El tribunal, presidido por el controvertido magistrado Félix Alfonso Guevara –famoso por su trato difícil y sus malos modos–, rechazó en el acto del juicio un gran número de pruebas encaminadas a acreditar la inexistencia de Resistencia Galega como organización terrorista, entre ellas la declaración de Xosé Manuel Beiras. Los testimonios de varios guardias civiles sólo se basaban en la convicción subjetiva, sin prueba alguna. La sentencia fue durísima, condenando entre 12 y 18 años a las cuatro personas juzgadas. El TS redujo un tanto tan desproporcionada pena, cuya ejecución fue draconiana, cumpliendo los condenados sus penas en régimen cerrado (primer grado) y en prisiones fuera de Galicia que impedían el contacto con su entorno vital. Sólo el deshielo relativo de los primeros meses de gobierno Sánchez, el trabajo permanente de sus abogados y las gestiones de antiguos diputados del PSOE permitieron su regreso muy reciente a cumplir la pena en Galicia.
En octubre de 2017 la AN desconoció su propia doctrina que la consideraba incompetente para instruir y enjuiciar el delito de sedición y continuó con la instrucción de la causa contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, acordando prisión preventiva contra ambos, básicamente fundamentada en la gravedad del delito de sedición que entonces les imputaba. Por su parte, el TS acordó también prisión preventiva por supuesto delito de rebelión contra el vicepresidente Oriol Junqueras, la presidenta del Parlament Carme Forcadell y siete consellers y conselleras del Govern. 109 catedráticos y profesores de Derecho Penal de casi todas las Universidades del Estado denunciaban en su documento colectivo Legalidad penal y proceso independentista (noviembre 2017), la incompetencia manifiesta del TS en la causa contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament (lo sería el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) y la de la AN en la causa entonces abierta independientemente contra los Jordis (lo serían los Juzgados de Barcelona), así como consideraba que la prisión preventiva acordada no solo era desproporcionada, sino que se basaba en delitos como la rebelión y la sedición, claramente inexistentes a la vista de la falta de violencia en el comportamiento de los presos. En la primavera de 2018 el Tribunal Superior de Schleswig Hollstein ratificaría respecto del president Puigdemont esta ausencia del elemento de violencia, esencial para que exista el delito. En marzo de 2019, por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU consideraba que la prisión preventiva aplicada a los presos políticos catalanes constituía una vulneración objetiva de sus derechos fundamentales.
A lo largo de estos casi dos años de causa penal (noviembre 2017-octubre 2019), el TS ha impedido que los presos políticos sucesivamente elegidos como diputados al Parlament, diputados al Congreso o eurodiputados pudieran cumplir el mandato legitimamente conferido por la ciudadanía, hasta el punto de que ha creado un ilegal tertium genus entre la inhabilitación decidida por sentencia y la no restricción de derechos políticos a los no condenados: el preso político inhabilitado de facto.
La AN desconoció la competencia de los Juzgados de Altatsua y Nafarroa para juzgar las supuestas agresiones ocurridas en dicha población navarra. El título competencial fue, como no, la acusación de terrorismo, delito del que finalmente fueron absueltos los acusados. Sin embargo esta acusación fue esencial para mandar a varios de ellos a prisión preventiva. Fueron condenados a penas muy elevadas en relación a la gravedad objetiva de los hechos, varias de ellas de 13 años de prisión. El Tribunal apreció la agravante de odio, por discriminación ideológica respecto a la Guardia Civil. Pero los cuerpos policiales no pueden ser destinatarios de dicha agravante de odio ideológico, al constituir instituciones neutrales sólo sometidas al imperio de la Ley. La causa está pendiente de recurso ante el TS.
En septiembre de 2019 la AN acordó la prisión de siete miembros de los CDR bajo la acusación de terrorismo. La detención policial se efectuó de modo abiertamente desproporcionado, causando graves perjuicios morales y materiales a familiares, con escenas propias de la detención de los elementos más letales del crimen organizado. En base al secreto de sumario, los abogados de los detenidos no conocían los hechos concretos de que se les acusaba y no se les permitió asistir a la declaración como investigadas de las otras personas detenidas distintas a su respectiva patrocinada. Tampoco pudieron comunicar en ningún momento con sus detenidos durante las primeras 36 horas de detención. A pesar del secreto del sumario y de la gravísima restricción de garantías que ello supone, los medios de comunicación de Madrid han recibido todo tipo de filtraciones (que si dos detenidos reconocieron parte de los hechos, que si hablaban a través de intermediarios con los presidents Torra y Puigdemont…), convenientemente usadas para la criminalización del independentismo, sin que el magistrado competente haya adoptado las medidas oportunas para defender el secreto de sumario. Cuando lo cierto es que la investigación sobre las filtraciones era relativamente fácil, ya que solo pueden venir, por eliminación lógica, de la fuerza de Policía Judicial actuante, del personal del Juzgado o del Ministerio Fiscal.
En el Estado español rige un Estado de Derecho que reconoce y ampara las garantías procesales, como bien ha recordado el profesor Queralt. Pero desde el inicio de la misma transición la Audiencia Nacional (AN) y el Tribunal Supremo (TS) han aplicado selectivamente el Derecho Penal del Enemigo, muchas veces como mensaje para transmitir cuales son los límites de la tolerancia con los sectores discrepantes. Para ello la Ley ha posibilitado centralizar en dichos AN y TS las causas de terrorismo, aumentando extraordinariamente su ámbito material (“todo es ETA”, decía Baltasar Garzón). Como si se desconfiase de la magistratura ejerciente en Catalunya, Euskadi, Nafarroa o Galicia.
Esta aplicación selectiva y distorsionada del derecho penal es incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos y demás tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado español. Deteriora también la convivencia democrática, restringe las libertades y asienta, dentro y fuera del Estado español, la idea de que el Estado cambia de reglas a mitad de partido en función de sus objetivos políticos.
Además, la continuidad de estas conductas las normaliza y las hace pasar por admisibles para millones de personas. Porque, en último caso, su validez utilitarista se basa en que su destinatario es el enemigo.

A valedora había marchar xa

A valedora do pobo é a institución nomeada polo Parlamento de Galicia para mirar polos nosos dereitos constitucionais e estatutarios a respecto das vulneracións que poidamos sofrir dende as administracións autonómica e locais galegas. Velaí a necesidade de que exerza o cargo unha persona independente, prestixiosa e de traxectoria limpa.
O Tribunal Supremo vén de inadmitir o recurso de casación interposto pola valedora contra da sentenza do noso Tribunal Superior de Xustiza que declarou que actuara arbitrariamente e con desviación de poder (usar das súas competencias para fins distintas das legalmente previstas) no proceso de concorrencia competitiva aberto para prover a praza de Xefa de Administración e Personal da Institución. Xa que logo, está declarado nunha sentenza xa definitiva que Milagros Otero actuou de xeito gravemente ilegal.
Velaí que o vieiro escollido por Milagros Otero para expresar a súa demisión perante o Parlamento sexa inadmisíbel en termos institucionais porque lle permite continuar en funcións até que o Parlamento a substitúa. Unha decisión que podería adiarse até a vindeira lexislatura, pois que precisa dunha maioría do 60 por cento que o Partido Popular non ten.
Cómpre, pois, que o PP se una aos tres grupos da oposición na súa esixencia de que a Valedora marche xa e que a substitúa un dos Vicevaledores.
Porque o prestixio das nosas Institucións de autogoberno non atura a continuidade nun cargo tan fulcral dunha persoa xudicialmente reprobada.

Vantaxes da mediación

A cidadanía coruñesa vén de coñecer de xeito moi directo as vantaxes da mediación. No 1997 o Goberno local de Paco Vázquez outorgoulle a Fadesa unha licenza para construír un edificio na antiga sede da eléctrica galega. A licenza era ilegal e así foi declarado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Executar a sentenza determinaba derrubar o edificio todo e botar á rúa centos de familias. O Concello coruñés ofreceulle ao recorrente e á Comunidade de Propietarios do edificio unha mediación, que desenvolveu o antigo Presidente do Tribunal Supremo, Pascual Sala. Derrubar custaría en indemnizacións e custos materiais uns 60 M€, que arruinarían o concello. A mediación garantiu a vivenda das familias atinxidas e un novo edificio de 50 vivendas de protección autonómica que será promovido polo concello. Velaí solucións a problemas que evitan o dano que xera a aplicación rigorosísima da lei. Agora o que cómpre é pedirlle responsabilidades económicas ás persoas responsábeis da licenza ilegal de 1997.
Pola súa banda, a mediación política soluciona conflitos porque é quen de enfrontalos sen apriorismos nin prexuízos, recoñecendo o terreo para determinaren as posicións, pretensións e posibilidades de cada unha das partes, avanzar explorando as posicións comúns e avaliando as diferenzas, para aproximar as partes cara a solucións imaxinativas que supoñan vantaxes para cada unha das mesmas.
Houbo mediación para acadar os acordos do Venres Santo de 1998 que pacificaron Irlanda. Aznar e González usaron da mediación para tentar pór remate á violencia de ETA e Zapatero usouna para acadar a fin da mesma. Rajoy e Puigdemont relacionáronse a través do lehendakari Urkullu como mediador despois do referéndum catalán do 1-O.
Velaí que hoxe máis ca nunca a cuestión catalá precisa dunha mediación, mellor ben afastada das partes en litixio, como o estaba Pascual Sala dos actores do conflito coruñés. No caso catalán, refugar a mediación é optar, como fai a extremista Santa Alianza da dereita tripartita española, polo conflito, pola represión e polo cárcere.
Pedro Sánchez adoptou a peor decisión. Despois de alporizar ao nacionalismo extremista español, amosoulle ao conxunto de forzas progresistas e soberanistas o seu medo fronte a esa Santa Alianza, rachando un diálogo ao que está constitucional e politicamente obrigado e suprimindo a posibilidade de mediación no conflito catalán.

A valedora nos valla

O noso estatuto creou a institución do Valedor do Pobo como Comisionado do Parlamento de Galicia para a defensa dos dereitos e liberdades da cidadanía galega. Velaí a súa fulcral importancia, polo que cómpre esixirlle un moi elevado grao de transparencia, independencia e obxectividade. Para que a Valedora nos valla non só terá que ser transparente, independente e obxectiva, senón manter a apariencia exterior da posesión desas cualidades.
Porén, o TSXG, a medio dunha sentenza do maxistrado-relator máis experto en cuestións de emprego público (Fernando Seoane Pesqueira) vén de anular o nomeamento da xefa de servizo de Administración e Persoal da Oficina da Valedora. Considerou o TSXG que a Valedora, malia absterse de primeiras pola súa relación persoal indirecta coa persoa nomeada, seguiu a intervir no procedemento e cometeu “desviación de poder” (usar das súas facultades para finalidades distintas ás previstas na lei cando llelas outorgou) e “arbitrariedade” (vulneración da obxectividade e imparcialidade da Institución).
A sentenza é recorríbel en casación perante o Tribunal Supremo. Mais un eventual recurso desta caste está condenado a unha rápida inadmisión. O Tribunal Supremo unifica a aplicación do Dereito Público, nunca revisa os feitos. E o relatorio dos feitos xa foi ditaminado a xeito polo TSXG.
Cómpre dicir que a persoa atinxida pola nulidade, a funcionaria María Puy Fraga, non é cuestionábel de xeito ningún. Leva 25 anos servindo correctamente á Administración galega con diferentes gobernos. De feito consolidou o máis alto complemento específico (nível 30) na época do goberno de coalición BNG-PSdeG, onde seguiu a ser subdirectora de Xogo na Consellería da Presidencia, Xustiza e Administracións Públicas. Ela non é o problema.
O problema é Milagros Otero, Valedora do Pobo. Despois desta sentenza non pode continuar no cargo, como xa manifestaron os grupos de En Marea, PSdeG e BNG, de xeito que xa non se mantén a maioría de 45/75 deputados precisa para elixila ou revogala. O PP non pide polo de agora a súa demisión. Mais case todos agardan que esta xurda da decisión persoal da Valedora, cada vez máis consciente da insostibilidade da súa posición.

Galeguizarmos a Xustiza

Un dos paradoxos do réxime constitucional de 1978 foi recoñecer a posibilidade dunha autonomía política, nos níveis executivo e lexislativo (de primeiras só a Galicia, Euskadi e Catalunya, despois veu o malfadado “café para todos”) mais impondo un único Poder Xudicial en todo o territorio do Estado. Un paradoxo que afastou o sistema autonómico dos verdadeiros sistemas federais ou plurais (USA, Canadá, Suiza, Alemaña) para encadralo nos unitarios só parcialmente descentralizados. Porén, a aplicación inconstitucional do 155 tamén derrogou a garantía da autonomía lexislativa e executiva das autonomías. Mais isto é outra historia.
Galeguizarmos a Administración de Xustiza supón que os preitos rematen todos no noso territorio (agás as unificacións na aplicación do Dereito que cumpran por vía casacional) e que sexan as nosas institucións os que a gobernen, no canto do actual Consello do Poder Xudicial, totalmente sometido ao xogo do bipartidismo dinástico. Neste contexto, unha xustiza emanada do pobo galego habería garantir a participación no goberno do Poder Xudicial, canda os representantes dos xuíces e maxistrados, aos representantes dos avogados e consumidores. Habería garantir que non se producisen inmisións dos Executivos estatal ou autonómico. Pensemos que os problemas de falla de imparcialidade da xustiza galega non están na Galicia, onde os órganos xurisdicionais cumpren substancialmente con esta esixencia, senón na parcialidade dos Tribunais Supremo, Constitucional (TC), de Contas e da Audiencia Nacional. Suprimamos esta, limitemos as competencias daqueles ao mínimo imprescindíbel e teremos unha xustiza moito máis independente.
Precisamos un Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) con medios abondo para cumprir as súas funcións de unificar a aplicación do Dereito e server de instancia derradeira do sistema de recursos. Precisamos, tamén, garantir unha instancia no propio TSXG con competencia en dereitos fundamentais, que encha o espazo de garantía que deixou de encher o TC no 2007 e sexa accesíbel á cidadanía para facer valer na vida cotiá as súas liberdades.
Precisamos, tamén, garantir os dereitos lingüísticos e a igualdade entre galego e castelán que o Estado impediu até de agora, acadando polo menos a mesma normalización do uso do galego acadada nas Administracións locais e autonómicas.

Avogacía e lingua

Son moitas as páxinas que levamos escritas sobre as carencias e insuficiencias da introdución da lingua galega na Administración de Xustiza, desque aquel histórico momento no que os maxistrados da Sala do Contencioso da antiga Audiencia Territorial d’A Coruña (sucedida hoxe polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia-TSXG-) ditaron, inducidos polo omnipresente Xosé González Martínez e precisamente nun preito do Concello de Redondela, a primeira sentenza en galego da Idade Contemporánea.

Graves limitacións do labor normalizador
Desenvolvéronse ao longo destes máis de trinta anos, ben é verdade, actividades formativas varias: cursos de Linguaxe Xurídica, etc.-, mais non se acadaron, nin moito menos, os avances que se conseguiron nas Administracións Autonómicas e Locais que mesmo afixeron aos administrados en xeral ao uso normal do galego na documentación administrativa.
A evidencia témola, moitas veces, na orde xurisdicional contencioso-administrativa, onde adoitamos recibir sentenzas redactadas en perfecto castelán mesmo cando as partes (menos) e o expediente administrativo (máis) escreben en galego. Só o 10% das actuacións xudiciais redáctanse en galego, mais se falamos de sentenzas esta porcentaxe baixa á metade: 5%.
O problema de base é a desigualdade xurídica do galego e o dereito dos funcionarios xudiciais á ignorancia do galego.
Teño para min que a metade dos problemas da normalización do galego resolveríanse cunha simple reforma normativa, que recoñecese na Constitución e no Estatuto a igualdade xurídica do galego e, xa que logo, a obriga de todos e, nomeadamente dos funcionarios xudiciais (tamén dos maxistrados, xuíces, fiscais e letrados da Administración de Xustiza) de coñecermos as dúas linguas oficiais. Porque até de agora o dereito dos avogados a usar do galego atópase na práctica moi condicionado diante do dereito á ignorancia de xuíces, fiscais, maxistrados e letrados da Administración xudicial, que ás veces se reivindica, sobre todo no caso dos xuíces e maxistrados de orixe foránea e de nova provisión ou destino.

A miña experiencia persoal
De todos os xeitos, xusto é recoñecer pola miña banda que nunca atopei en xuíz ningún resistencia ou desafección contra min por usar da miña lingua, agás un caso illado cunha xuíza castellana en Muros hai uns once ou doce anos. Nos únicos casos nos que me vin obrigado polos feitos a mudar de lingua (si, xa sei que podería ter usado de tradutor, pero os xuízos orais esixen unha fluidez ás veces incompatíbel cunha tal figura) foi polo descoñecemento do galego alegado por algún avogado de Madrid ou mesmo asturiano e, curiosamente, por unha testemuña, directora dende había quince anos, dunha oficina do Banco de Santander na Agra do Orzán coruñesa. Nestes supostos todos, a miña percepción foi que o xuíz ou a xuíza de quenda non sentía demasiada empatía polos alegantes de descoñecemento.
Quere isto dicir que é posíbel (mais non doado) manter a instalación do noso galego no uso forense, tanto na fala como na escrita. E isto depende bastante do compromiso persoal, mais moitos comprobamos que estas actitudes rematan por ser comprendidas e mesmo alentan certa imitación nalgúns.
Nestes intres percibo moita máis inseguridade no galego xurídico e comodidade no uso do castelán por parte dos meus compañeiros ca verdadeiros problemas ideolóxicos de oposición ao uso do galego, malia que coñeza outras opinións que afonden na importancia deses prexuízos ideolóxicos.

Carencias nas aplicacións informáticas e o problema da contratación mercantil en galego
Outro grave problemas do galego no uso forense está na falla de medios informáticos e técnicos dos funcionarios para levar adiante as actuacións xudiciais en galego. Esta tarefa non é tan complexa, se temos en conta a normalización procesual acadada nas Administracións autonómica e locais. Cómpre, iso si, que a Dirección Xeral de Xustiza e a Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, canda a Presidencia e a Sala de Goberno do TSXG cumpran cos seus deberes lingüísticos e democráticos, no canto da inacción actual.
E outro problema vén dado pola actitude dalgúns avogados, empresarios e directivos, ao mellor permeábeis cara ao galego e cara ao seu uso oral na xustiza, malia que reflictan dúbidas e resistencias diante do uso escrito formal na contratación mercantil (non tanto no uso escrito en comunicacións informais). Indubidabelmente hai moito que facer na linguaxe xurídico-mercantil ou xurídico-económica, porque a xurídico-administrativa avanzou de xeito moito máis substancial.

Quen fixo e quen non fixo a prol do galego na Administración de Xustiza
Neste Día das Letras de 2017 cómpre recoñecerlle a algunhas persoas e institucións o seu traballo a prol da lingua no mundo do Dereito. Dende aquelas primeiras actuacións no eido da tradución por parte do conselleiro Pablo González Mariñas e do director xeral Xabier D’Amorín (falecido de xeito temperán hai poucos anos), ao traballo de Xosé González Martínez, os maxistrados Daniel García Ramos (tamén desgrazadamente falecido) ou Xoán Xosé Barreiro, os fiscais Carlos Varela (antigo fiscal superior) e Benito Montero, o notario Victorino Gutiérrez Aller, a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística e outros tantos. Nos últimos anos cómpre nomear de xeito especial ao Colexio de Avogados de Santiago de Compostela co seu decano Evaristo Nogueira á fronte, á Irmandade Xurídica Galega e ao traballo desenvolvido polo fiscal superior Carlos Varela á fronte da Fiscalía galega.
No capítulo de desmerecementos temos que nos referir aos centros directivos competentes da Xunta de Galicia (Xustiza e Política Lingüística) e a todas as composicións das Presidencias e Salas de Goberno sucesivas do TSXG e do Consello Xeral do Poder Xudicial. O seu labor caracterizouse polo desleixo, cando non pola resistencia á normalización da nosa lingua.

25 e 75%
Para rematar unha idea fundamental: a presenza da lingua na Administración de Xustiza é unha cuestión normativa, de definir un Poder Xudicial galego que coñeza a lingua. Mais mentres tanto mudaría moito o estado da cuestión se só o 25% dos avogados galegos desenvolveramos polo menos o 75% do noso traballo na Galicia na nosa lingua.